REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
77
Resumen:
El artículo aborda la violencia política de
género en los Estados del sureste mexicano
durante el proceso electoral de 2024.
Se enfoca en cómo la violencia política
afecta a las mujeres indígenas, quienes no
solo enfrentan discriminación de género,
sino también racismo y marginalización
cultural. El estudio identica las formas
especícas de violencia, como la
intimidación, el acoso, la difamación y
la exclusión; y, analiza cómo los factores
culturales y étnicos inuyen en estas
manifestaciones. También se examinan
las respuestas y estrategias de resistencia
implementadas por las mujeres y
comunidades indígenas, así como el papel
de las instituciones y partidos políticos en
la prevención y abordaje de esta violencia.
El documento destaca la importancia
de comprender las intersecciones entre
género e interculturalidad para diseñar políticas públicas más inclusivas y fortalecer la
democracia en la región. A pesar de los avances legislativos, persisten desafíos en la
implementación efectiva de normativas para proteger a las mujeres en el ámbito político.
El análisis sugiere que la violencia contra las mujeres en la esfera política sigue siendo un
obstáculo crítico para una participación equitativa y la consolidación de una democracia
más justa en México.
Violencia política de género en el
proceso electoral 2024 en el sureste de
México. Una aproximación intercultural
Gender political violence in the 2024 electoral
process in southeastern Mexico.
An intercultural approach
* Manuel Ocampo Muñoa
*Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctorado en
Derecho, por la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas.
Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia,
Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) de México. Cuenta con múltiples publicaciones de artículos en
materia de Derecho Electoral, derechos humanos, pluralismo jurídico, interculturalidad, gobernanza y derecho
municipal. Investigador Cientíco Honoríco del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4265-4761. Correo electrónico: manuel.ocampo@iij-unach.mx
Recepción:21/08/2024
Revisión pares: 28/02/2025 - 25/03/2025
Aceptación: 24/05/2025
Publicación: 17/07/2025
78
Palabras clave:
Violencia política de género, interculturalidad, mujeres indígenas, proceso electoral
2024, sureste de México.
Abstract:
The article addresses gender political violence in the States of southeastern Mexico
during the 2024 electoral process. It focuses on how political violence affects indigenous
women, who face not only gender discrimination, but also racism and cultural
marginalization. The study identies specic forms of violence, such as intimidation,
harassment, defamation and exclusion, and analyzes how cultural and ethnic factors
inuence these manifestations. The responses and resistance strategies implemented by
indigenous women and communities are also examined, as well as the role of institutions
and political parties in preventing and addressing this violence. The document highlights
the importance of understanding the intersections between gender and interculturality to
design more inclusive public policies and strengthen democracy in the region. Despite
legislative advances, challenges persist in the effective implementation of regulations to
protect women in the political sphere. The analysis suggests that gender-based political
violence remains a critical obstacle to equitable participation and the consolidation of a
more just democracy in Mexico.
Keywords:
Gender political violence, interculturality, indigenous women, Electoral process 2024,
southeast of Mexico.
Introducción
En este artículo se analizan las manifestaciones y consecuencias de la violencia política
de género en la región sur de México durante el proceso electoral de 2024, desde un
enfoque de género e interculturalidad, especícamente, en los Estados de: Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Veracruz y Yucatán.
Se pretende identicar y categorizar las diferentes formas de violencia política de
género sufridas por las mujeres indígenas en el proceso electoral de 2024 en esa zona,
partiendo del examen del impacto de los factores culturales y étnicos en la perpetuación
y resistencia de este tipo de violencia. Posteriormente, se busca identicar las estrategias
y mecanismos de respuesta implementados por las mujeres y las comunidades para
enfrentar esta violencia en el contexto electoral; y, nalmente, analizar el papel de las
instituciones y partidos políticos en su prevención y abordaje.
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
79
Asimismo, se busca responder a la pregunta: ¿De qué manera se manifestó la violencia
política de género en la región sureste de México durante el proceso electoral de 2024
y cómo esta afecta la participación política de las mujeres desde un enfoque de género
e interculturalidad?
Para ello, se revisarán: ¿Cuáles son las formas especícas de violencia política de género
que enfrentaron las mujeres en el sureste de México durante el proceso electoral de
2024?; ¿Cómo inuyen los factores culturales y étnicos en la manifestación de la violencia
contra las mujeres en la vida política en esta región?; ¿Qué estrategias han utilizado las
mujeres para enfrentar y resistir este tipo de violencia en el contexto intercultural del
sureste de México?; ¿Qué papel han jugado las instituciones y los partidos políticos en la
prevención y respuesta a la violencia política de género en esta región?; y, ¿Cuáles son
las consecuencias de la violencia política de género en la participación política de las
mujeres y en el fortalecimiento de la democracia en el sureste de México?
La metodología empleada en la construcción de este artículo se enmarca en un enfoque
cualitativo, con perspectiva crítica y análisis intercultural. Se recurrió a la revisión
documental de fuentes ociales, como informes del Instituto Nacional Electoral (INE),
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), así como legislación nacional e internacional y resoluciones
judiciales. Asimismo, se analizaron estudios académicos recientes y prensa especializada
para identicar casos relevantes y prácticas institucionales. El estudio se desarrolló a
partir de la intersección entre género, etnicidad y cultura política, permitiendo visibilizar
los patrones de violencia política de género y las estrategias de resistencia desde las
propias comunidades indígenas. Este enfoque permitió interpretar las dinámicas sociales
y jurídicas desde una mirada pluralista y contextualizada, priorizando las voces y
experiencias de las mujeres indígenas del sureste mexicano en el proceso electoral de
2024.
En respuesta a estas interrogantes y para mejor comprensión, el trabajo se ha dividido en
cuatro apartados; el primero de ellos corresponde a esta introducción, en la que se alude
a la metodología empleada.
El segundo describe el estado de la violencia política en México desde un enfoque
intercultural con la intención de identicar sus principales componentes.
En el tercer segmento, se estudian algunas de las formas especícas de violencia política
de género que enfrentaron las mujeres indígenas en el sureste de México durante el
proceso electoral de 2024.
Por último, se establecen las reexiones nales en las conclusiones y se describen las
fuentes de información utilizadas en las referencias.
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
80
La violencia política de género es una
manifestación grave y persistente que
afecta la participación equitativa de
las mujeres en los procesos políticos y
electorales. En el contexto del sur de
México, esta problemática adquiere
características particulares, debido a
la diversidad cultural y la presencia
signicativa de comunidades indígenas.
Este estudio busca analizar y comprender
las dinámicas de la violencia contra
las mujeres en la esfera política en esta
región, desde un enfoque de género e
interculturalidad.
Las mujeres en los pueblos y comunidades
originarias del sur de México enfrentan
una doble discriminación: por género
y, precisamente, por pertenecer a grupos
indígenas, esto; no obstante a los avances
legislativos que se han alcanzado en la región.
La violencia política de género se
expresa de diversas formas incluyendo
intimidación, acoso, difamación, exclusión
y violencia física. Cabe destacar que
estas manifestaciones no solo afectan a
las mujeres individualmente, sino que
también tienen un impacto negativo en
sus comunidades y en la calidad de la
democracia en general. Entender cómo
estas dinámicas operan en el sureste de
México es crucial para diseñar estrategias
efectivas que promuevan la igualdad de
género y el respeto a la diversidad cultural
en los procesos políticos.
Ahora bien, resulta pertinente establecer
algunos datos con relación a la situación
de las mujeres indígenas en México para
entender los alcances de la violencia
política que sufren.
Con base en el Censo de Población y
Vivienda 2020, 8.6% de los hogares en
México eran indígenas. Cabe precisar
que, en dicho censo, se considera como
indígenas a aquellas personas que hablan
una lengua indígena, así como a todas
aquellas que pertenecen a un hogar donde
la jefa(e) y/o el cónyuge y/o alguna/o de
los ascendientes -madre, padre, madrastra
o padrastro, abuela(o), bisabuela(o),
tatarabuela(o), suegra(o) o consuegra(o)-
habla alguna lengua indígena. En ellos
habitaban cerca de 6.4 millones de
mujeres, lo que indica que una de cada
diez (9.9%) mujeres en el país pertenecía
a un hogar indígena (Consejo Nacional de
Población, CONAPO, 2023).
Las mujeres indígenas presentaron en 2020
las mayores Tasas Globales de Fecundidad
(TGF) en el país. Las mujeres hablantes
de lengua indígena tenían en promedio
2.85 hijas(os) y las que vivían en hogares
indígenas, 2.51 hijas(os). En contraste, la
TGF de las mujeres que no pertenecían a
hogares indígenas era de 1.82 hijas(os). En
los tres grupos, las mayores Tasas Especícas
de Fecundidad (TEF) ocurrieron en el grupo
etario femenino de 20 a 24 años. A su vez,
la mayor TEF se registró entre las mujeres
(de 20 a 24 años) que hablaban alguna
lengua indígena: 155.6 hijas(os) nacidas(os)
vivas(os) por cada mil mujeres en ese grupo
de edad (CONAPO, 2023).
De acuerdo con el último censo, el
20.0% de las mujeres de 15 años y más
Estado de la violencia política de género en México desde la interculturalidad
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
81
residentes en hogares indígenas no sabía
leer ni escribir. Además, el 8.6% de las
mujeres de 6 a 14 años, pertenecientes
a dichos hogares, no asistía a la escuela
(CONAPO, 2023).
El rezago educativo también se reeja
en menores niveles de escolaridad.
Aproximadamente 42.0% de las mujeres
de 25 años y más en hogares indígenas no
había concluido ningún nivel educativo;
20.6% había terminado la primaria;
20.6% contaba con secundaria; 10.6%
había nalizado algún nivel de educación
media superior y solo 6.2% contaba con
educación superior (CONAPO, 2023).
En hogares indígenas, una tercera parte
(32.0%) de las mujeres de 15 años o más
se encontraba económicamente activa,
mientras que en el caso de los hombres,
esta proporción ascendía al 76.2%. La
principal ocupación de dichas mujeres
era como trabajadoras en actividades
elementales y de apoyo: 27.2% eran
vendedoras ambulantes, trabajadoras
domésticas o trabajadoras de apoyo en
actividades agropecuarias y en otros
sectores. Solo 11.5% era profesionista o
técnica y apenas 1.1% era funcionaria,
directora o jefa (CONAPO, 2023).
Ahora bien, la violencia contra las
mujeres en la vida política en México
es una problemática que afecta la
participación equitativa de las personas
de sexo femenino en los procesos
políticos. Este fenómeno se agrava en
contextos interculturales, donde las
mujeres indígenas enfrentan una doble
discriminación. Analizar esta violencia
desde una perspectiva de género e
interculturalidad permite comprender
mejor las dinámicas de poder y las barreras
especícas que enfrentan las mujeres en
la política.
La violencia política de género se reere
a cualquier acción, conducta u omisión
que, basada en el género, cause daño
físico, psicológico, sexual, económico
o simbólico a las mujeres en el ámbito
político, limitando su participación y ejercicio
de derechos políticos. Esta violencia puede
manifestarse de diversas formas incluyendo
intimidación, acoso, difamación, y agresiones
físicas y verbales (Martínez, 2020).
Un ejemplo de lo anterior se presenta
cuando mujeres en política a menudo
enfrentan amenazas y acoso tanto en
espacios físicos como en plataformas
digitales, lo cual busca disuadirlas de
continuar con sus actividades políticas.
De igual manera, con campañas de
desprestigio que buscan desacreditarlas,
mediante la difusión de información falsa
o distorsionada sobre su vida personal y
profesional (Gómez, 2024).
Asimismo, con la utilización de obstáculos
institucionales, es decir, las barreras
burocráticas y legales que se utilizan como
herramientas para restringir el acceso y la
participación de las mujeres en la política
(Torres, 2024).
Es posible identicar algunos desafíos
especícos para las mujeres indígenas,
tales como la doble discriminación, es
decir, enfrentan exclusión tanto por su
género como por su origen étnico, lo
cual complica aún más su participación
política. Además, puede incluir formas
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
82
especícas de abuso basadas en normas
y prácticas culturales que refuerzan su
subordinación (Castillo, 2024).
Esta investigación se genera desde
un enfoque que combina género
e interculturalidad, lo que permite
visibilizar las experiencias diferenciadas
de las mujeres, con la intención de diseñar
políticas más inclusivas y efectivas, pues la
violencia política de género se ha convertido
en un tema de creciente preocupación en
México, especialmente, en el contexto de
los procesos electorales (Vázquez, 2022).
Con relación a la interculturalidad, el
concepto se asocia a un proceso de
interacción y diálogo entre diferentes
culturas en condiciones de igualdad
y respeto mutuo. En este escenario, la
interculturalidad no es simplemente la
coexistencia pasiva de culturas, sino un
proceso activo que busca transformar las
relaciones de poder y superar las asimetrías
históricas entre culturas dominantes y
subordinadas. Santos argumenta que la
interculturalidad es fundamental para
construir una sociedad más justa, donde
las diversidades culturales se valoren y se
integren en la toma de decisiones políticas
y jurídicas (Santos, 2009).
Una herramienta importante para la
interculturalidad es el pluralismo jurídico,
concepto que reere a la coexistencia
de múltiples sistemas jurídicos dentro de
un mismo espacio geográco o social. El
autor sostiene que el pluralismo jurídico
es una característica inherente a las
sociedades modernas, especialmente
en contextos postcoloniales, donde las
normativas indígenas, comunitarias o
consuetudinarias coexisten con el derecho
estatal. Este pluralismo se maniesta en la
práctica legal cotidiana y desafía la visión
monolítica del derecho impuesta por el
Estado (Santos, 2009).
En el contexto mexicano, desde el
pluralismo jurídico se analizan las
comunidades indígenas, mismas que
mantienen sus propios sistemas de
justicia que a menudo entran en conicto
con el derecho ocial del Estado. El
reconocimiento de estos sistemas jurídicos
alternativos es crucial para la protección
de los derechos culturales y la autonomía
de los pueblos indígenas, lo que a su
vez enriquece la democracia y la justicia
social en el país (Ocampo, 2023).
El enfoque intercultural reconoce la
diversidad cultural y busca promover
la equidad y el respeto mutuo entre
diferentes grupos culturales. En México,
este enfoque es crucial para entender las
experiencias de las mujeres indígenas
en la política, quienes no solo enfrentan
discriminación de género, sino también
racismo y marginalización cultural
(Hernández, 2024).
Hay que precisar que durante el proceso
electoral de 2024, diversos estudios y
organismos han documentado la magnitud
y las formas de esta violencia, subrayando
la necesidad de políticas efectivas para
proteger los derechos políticos de las
mujeres y garantizar una participación
equitativa.
Según el Instituto Nacional Electoral
(INE), el proceso electoral de 2024 ha sido
particularmente notable por el aumento
de casos de violencia política de género.
En su informe, el INE destaca que esta
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
83
violencia no solo afecta la integridad de
las mujeres políticas, sino que también
socava la calidad de la democracia en el
país (INE, 2014).
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) también ha remarcado
la gravedad del problema. En su informe
de 2023, la CNDH detalla cómo la
violencia política contra las mujeres se
maniesta de diversas formas, incluyendo
amenazas, difamación y exclusión dentro
de los partidos políticos. Estos actos no
solo buscan intimidar a las mujeres, sino
también desalentar su participación activa
en la política (CNDH, 2023).
En el sureste de México, las amenazas
y la difamación son tácticas comunes
utilizadas para socavar la credibilidad y la
inuencia de las candidatas. Este tipo de
violencia no solo las afecta en lo personal,
sino que también tiene implicaciones
serias para sus campañas políticas y, en
última instancia, para su representación
en el gobierno.
El acoso y la exclusión en los partidos
políticos presentan retos signicativos
para las mujeres en el sureste de México,
se argumenta que estas prácticas
discriminatorias dentro de los partidos
perpetúan la desigualdad de género y
limitan sus oportunidades para ascender
a posiciones de liderazgo.
En el proceso electoral de 2024, se sostuvo
que la violencia contra las mujeres en la
esfera política fue un obstáculo crítico para
la democracia en México y se sugirió que
las reformas legislativas y las políticas de
protección son esenciales para garantizar
un proceso electoral justo y equitativo.
El control y la manipulación de las
mujeres políticas son tácticas empleadas
para mantener el statu quo en la política
mexicana. Estas tácticas no solo restringen
la autonomía de las mujeres, sino que
también perpetúan un sistema político
desigual y patriarcal (Torres, 2022).
La falta de recursos adecuados y el acceso
desigual a las plataformas políticas agravan
la violencia política de género, haciendo
aún más difícil para la población femenina
competir en igualdad de condiciones
(Vidal, 2024).
Siendo la violencia contra las mujeres
en el ámbito político uno de los mayores
obstáculos para la democracia en México,
se advierte que la implementación de
medidas de protección y la promoción de
una cultura política de igualdad de género
son esenciales para superar este desafío
(Vázquez, 2023).
Ahora bien, la regulación de la violencia
política de género en los Estados de:
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche,
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán
se implementa a través de diversas
normativas, protocolos y reglamentos
especícos que buscan garantizar la
protección y participación política de las
mujeres en igualdad de condiciones. A
continuación, se detallan algunos de los
mecanismos más relevantes.
En primer lugar, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 41, fracción IV, establece
el derecho de las mujeres a participar
en condiciones de igualdad en la vida
política del país. Este artículo también
exige que los partidos políticos promuevan
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
84
la paridad de género en la selección de
candidaturas.
Derivado de lo anterior, la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV), incluye
la violencia política como una forma de
violencia contra las mujeres, estableciendo
lineamientos para su prevención y sanción.
Aunado a que en las leyes electorales de
cada una de las entidades mencionadas, se
consideran disposiciones que las protegen
contra este tipo de violencia.
De igual manera, se han diseñado
protocolos especícos, como el Protocolo
para Atender la Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género establecido
por el Instituto Nacional Electoral (INE) y
adaptado por los organismos electorales
locales. Este ofrece directrices para la
atención y sanción de casos de violencia
política de género e incluye procedimientos
para la denuncia, medidas de protección y
mecanismos de reparación.
Asimismo, existen protocolos estatales
en Chiapas, Oaxaca y Veracruz para
complementar los lineamientos federales,
asegurando una respuesta rápida y
adecuada a los incidentes de violencia
política contra las mujeres.
Cabe destacar que los lineamientos
elaborados para combatir la violencia
política de género son esenciales por
varias razones fundamentales, verbigracia
buscan proteger los derechos políticos y
humanos de las mujeres, garantizando su
participación en condiciones de igualdad
en la vida política y pública. Este tipo de
violencia atenta contra estos derechos, y
dichos procedimientos ofrecen un marco
para su prevención y sanción.
Los protocolos establecen medidas
preventivas que ayudan a identicar
y detener comportamientos violentos
antes de que escalen. Esto incluye la
sensibilización de actores políticos, la
implementación de medidas de seguridad
y la creación de entornos políticos más
seguros para las mujeres. Además, proveen
a las víctimas de un mecanismo claro y
estructurado para denunciar actos de
violencia política de género. Esto facilita
que las denuncias sean procesadas de
manera efectiva y que se tomen acciones
correctivas, lo cual es crucial para la
rendición de cuentas.
Asimismo detallan las consecuencias
legales y administrativas para quienes
cometen actos de violencia política de
género, disuadiendo futuras transgresiones
y promoviendo un entorno político más justo
y equitativo. Al garantizar la participación
plena y segura de las mujeres en la
política, los protocolos contribuyen a una
democracia más inclusiva y representativa.
Esta violencia no solo afecta a las mujeres
víctimas, sino que también debilita el
sistema democrático al limitar la diversidad
y la equidad en la toma de decisiones.
En el caso de la violencia política contra
las mujeres indígenas, en el proceso
electoral en México, ésta se rige por varias
disposiciones legales y normativas que
buscan proteger sus derechos y asegurar
una participación equitativa en la vida
política y pública.
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es una de ellas, en su
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
85
artículo 2° reconoce en forma amplia los
derechos de los pueblos indígenas a la libre
determinación y la autonomía, y garantiza su
derecho a participar en todos los niveles de
gobierno y a ser elegidos en condiciones de
igualdad, incluyendo por ende a las mujeres
(Congreso de la Unión, 2024).
De igual forma, el artículo 1 de la Ley
Fundamental establece el principio de no
discriminación y la obligación del Estado de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, considerando la violencia
política (Congreso de la Unión, 2024).
A nivel federal, en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia el artículo 20 Bis dene la
violencia política contra las mujeres como
cualquier acción u omisión que, basada
en elementos de género y ocurrida en el
ejercicio de derechos político-electorales,
tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos político-electorales de
una o varias mujeres (Congreso de la
Unión, 2024b).
Por su parte, el numeral 21 de ese mismo
ordenamiento dispone las medidas de
protección para las mujeres que sufren
violencia política, incluidas las órdenes de
protección de emergencia y preventivas
(Congreso de la Unión, 2024b).
La Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en su artículo
442 Bis determina las sanciones para
los actos de violencia política en razón
de género, incluyendo la posibilidad de
anular candidaturas o imponer sanciones
a partidos políticos y candidatos (Congreso
de la Unión, 2024c).
El Protocolo para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón
de Género desarrollado por el Instituto
Nacional Electoral (INE) y otras
instituciones, ofrece lineamientos claros
para identicar, prevenir, atender y
sancionar la violencia política contra las
mujeres, con especial énfasis en aquellas
de comunidades indígenas.
El INE, junto con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
tiene la responsabilidad de garantizar
elecciones libres y equitativas, incluyendo
la protección contra la violencia política de
género. Para el proceso electoral de 2024,
el INE implementó diversas medidas y
programas para asegurar que las mujeres,
incluidas las indígenas, puedan participar
sin sufrir este tipo de violencia.
Cabe mencionar que el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI) trabaja en
coordinación con el INE y otras instituciones
para garantizar que los derechos de
las mujeres indígenas sean respetados
durante el proceso electoral. Esto incluye
la promoción de su participación política
y la implementación de programas de
capacitación y sensibilización sobre sus
derechos.
En las entidades federativas en comento
existen Institutos de la Mujer y Comisiones
de Derechos Humanos dedicados a la
protección de los derechos de las mujeres,
incluyendo la violencia política. Estos
organismos colaboran con las autoridades
electorales para la atención de quejas y la
protección de candidatas.
Estos esfuerzos normativos y operativos
buscan crear un ambiente más seguro y
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
86
equitativo para la participación política
de las mujeres, abordando la violencia
política de género como un obstáculo
signicativo en el proceso electoral.
Es oportuno mencionar que se considera
como violencia, la restricción de los
derechos de las mujeres con base en la
aplicación de tradiciones, costumbres o
sistemas normativos internos o propios que
sean violatorios de los derechos humanos.
Se establece que los pueblos y comunidades
indígenas tienen derecho a elegir, en los
municipios con población indígena, a
sus representantes y autoridades, con el
propósito de fortalecer la participación y
representación política de acuerdo con
sus tradiciones y normas internas, pero
garantizando la participación de hombres
y mujeres en condiciones de igualdad y
paridad. También se consideran, como de
mayor gravedad, los delitos de violencia
contra mujeres en razón de género, cuando
fuesen cometidos en contra de mujeres
indígenas.
Así también, se incluye por primera vez a
la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas en el Sistema
Nacional de Prevención, Atención y
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (Congreso de la Unión, 2024b).
Bajo ese mismo tenor, durante la
investigación o proceso en donde se
ventilen derechos de mujeres indígenas,
las autoridades tienen las siguientes
obligaciones:
• Facilitar la asistencia de intérpretes
y defensores que tengan conocimiento
de su lengua o dialecto.
• Permitir el uso de su lengua en
declaraciones y testimonios, los cuales
deberán obrar en autos literalmente
traducidos al idioma español.
• Suplir la deciencia de la queja en
los recursos interpuestos.
Fuente: https://transparenciaelectoral.org/en/caoeste/violencia-politica-por-razon-de-genero-reformas-
pendientes-en-mexico/
Gráco 1
Violencia política por razón de género, reformas pendientes en México
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
87
Durante el proceso electoral de 2024 en
México, la violencia política de género
fue un tema de gran preocupación,
especialmente en los Estados con alta
participación indígena como: Chiapas,
Veracruz, Yucatán, Campeche, Oaxaca,
Quintana Roo y Tabasco. La violencia
política, que incluye agresiones y
amenazas contra mujeres candidatas y
lideresas políticas, se ha incrementado a
medida que la participación femenina en la
política ha crecido, generando resistencia
por parte de grupos que ven amenazado el
sistema tradicional de poder.
En particular, Chiapas, Oaxaca y Veracruz
han sido identicados como algunos
de los Estados más afectados por la
violencia política en este ciclo electoral.
Estos, además de enfrentar la violencia
relacionada con el crimen organizado,
han visto cómo las mujeres indígenas y
candidatas fueron blanco de agresiones
por su participación política. Este tipo de
violencia no solo afecta a las mujeres,
sino que también socava la integridad del
proceso electoral y el avance hacia una
democracia más inclusiva.
En Chiapas, la situación es particularmente
compleja debido a la presencia de grupos
del crimen organizado que inuyen en
las elecciones locales. Estos grupos, a
menudo, cooptan a políticos locales para
asegurar su control sobre actividades
ilícitas, exacerbando la violencia política
en la región. Similarmente, en Oaxaca y
Veracruz, los conictos intercomunales
y la intervención de grupos criminales
han contribuido a un entorno electoral
altamente peligroso para las mujeres.
Este contexto, destaca la urgente necesidad
de implementar medidas efectivas para
proteger a las mujeres indígenas en el
ámbito político y garantizar que puedan
participar en los procesos electorales sin
temor a represalias o violencia.
Para abordar la violencia política de
género en la región sureste de México
durante el proceso electoral de 2024, es
importante tener en cuenta las diversas
maneras en que puede presentarse y los
entornos especícos de cada entidad.
Algunas de las formas en que se ha
evidenciado han sido mediante la
utilización de: intimidación, amenazas,
difamación, desprestigio, exclusión,
obstáculos institucionales, acoso sexual,
violencia física, manipulación y control.
Ahora bien, resulta relevante establecer los
factores culturales y étnicos que tienen un
impacto signicativo en la manifestación
Formas especícas de violencia política de género que enfrentaron las mujeres
indígenas en el sureste de México durante el proceso electoral de 2024
•Tomar en consideración las
características económicas, sociales y
culturales; así como los usos, costumbres
y tradiciones de la comunidad indígena
a la que pertenezca.
• Garantizar que en todos los juicios
y procedimientos se tomen en cuenta
sus costumbres y especicaciones
culturales, respetando los preceptos de
la Constitución.
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
88
de la violencia política de género en el
marco de las elecciones de 2024.
Un primer factor o elemento es el
patriarcado y las normas de género, pues
en muchas comunidades del sureste
de México, las estructuras patriarcales
siguen siendo predominantes. Estas dictan
roles tradicionales de género que limitan
la participación de las mujeres en la
política y en otros ámbitos públicos. La
resistencia a las mujeres en posiciones de
poder puede evidenciarse como violencia
política de género, diversidad étnica y
marginalización.
El segundo factor es la propia diversidad
que existe en el sureste de México, hogar
de una gran cantidad de comunidades
indígenas, cada una con su propia
cultura y sistema de valores; en ellas las
mujeres indígenas enfrentan una doble
discriminación: por ser mujeres y por
su origen étnico. Esto puede resultar en
formas especícas de violencia política
que desincentivan su participación.
El tercer elemento lo constituye, en su
conjunto, la desigualdad socioeconómica,
la pobreza y la falta de acceso a la
educación y recursos económicos. Las
mujeres de esta región de México pueden
ser más vulnerables a la intimidación y
violencia, debido a su limitada capacidad
para defenderse o acceder a mecanismos
de protección.
Un cuarto factor son las inuencias
culturales y tradicionales. Las creencias
y prácticas ancestrales pueden ser
utilizadas como justicación para excluir
a las mujeres de la política. En algunas
culturas, el liderazgo es tradicionalmente
masculino, y cualquier desviación de esta
norma puede ser vista como una amenaza
al orden establecido.
Dentro de la violencia política de género
especíca que puede sufrir una mujer
que pertenezca a un pueblo originario, se
encuentran: la violencia física y amenazas;
violencia verbal y psicológica, mediante
insultos, difamación y acoso, y pueden
estar impregnados de lenguaje sexista y/o
racista; violencia simbólica, por medio
de la deslegitimación de las mujeres en
la política con narrativas que cuestionan
su capacidad o derecho a participar; y,
violencia institucional, que se traduce
en obstáculos burocráticos y legales que
dicultan su participación política.
Lo anterior ha generado que las mujeres en
el sureste de México hayan desarrollado
una variedad de estrategias para enfrentar y
resistir la violencia política, especialmente,
en el contexto intercultural de esta región
diversa, tales como crear organizaciones
y redes de apoyo, colectivos de mujeres
de apoyo y solidaridad. Estos grupos
proporcionan un espacio seguro para
compartir experiencias, asesorar y
planicar acciones conjuntas: Redes de
Mujeres Indígenas.
Asimismo, realizar talleres y cursos sobre
derechos políticos, género y liderazgo,
a n de empoderar a las mujeres con
conocimientos y habilidades necesarias
para participar activamente en la política.
Las redes sociales se han convertido en
una herramienta poderosa para visibilizar
la violencia política de género y organizar
campañas de sensibilización y apoyo.
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
89
Algunas organizaciones ofrecen servicios
legales gratuitos o a bajo costo. La
participación de las mujeres en procesos
políticos, a pesar de los riesgos, no ha
impedido que continúen participando
activamente en procesos políticos,
candidaturas y en la defensa de sus
derechos dentro de estructuras partidarias
y comunitarias.
La celebración de alianzas y colaboraciones
con Organizaciones No Gubernamentales
y Organismos Internacionales, ha
proporcionado recursos, visibilidad y
respaldo a las mujeres que enfrentan la
violencia política, a través del intercambio
de experiencias, participación en foros,
conferencias y encuentros nacionales
e internacionales para compartir
conocimientos y estrategias de resistencia.
Ahora bien, la violencia política de
género tiene profundas consecuencias
tanto para la participación política de
las mujeres como para el fortalecimiento
de la democracia en el sureste de
México; algunas de ellas son: miedo y
autoexclusión, pues este tipo de violencia
genera un clima de temor e inseguridad
que desincentiva a las mujeres a
participar en la política; muchas pueden
optar por autoexcluirse para protegerse
de posibles agresiones y hostigamientos,
evidenciándose una barrera psicológica.
El acoso y la intimidación pueden afectar
la salud mental de las mujeres políticas,
minando su conanza y capacidad para
ejercer su rol de manera efectiva.
El acceso limitado a cargos de poder es
un reejo de que la violencia política
puede provocar una menor presencia
de mujeres en cargos de decisión y
liderazgo, perpetuando la desigualdad de
género en la representación política. Las
mujeres que enfrentan violencia política
suelen encontrar mayores obstáculos
para avanzar en su carrera política,
restringiendo su desarrollo profesional y
su inuencia política.
Asimismo, el impacto en la calidad
del liderazgo es producto del desgaste
y desmotivación, ya que la constante
exposición a la violencia política puede
corroer y desmotivar a las mujeres
lideresas, afectando negativamente su
desempeño y capacidad para impulsar
cambios signicativos. Algunas mujeres
pueden decidir retirarse, prematuramente,
de la vida política debido a la persistencia
de la violencia, lo que resulta en una
pérdida de talento y experiencia en la
esfera política.
Con relación al fortalecimiento de la
democracia, ocurre una erosión de la
representatividad, ya que la violencia
política de género perpetúa la desigualdad
de género en la representación política,
lo que conlleva a una democracia menos
inclusiva y representativa. De igual
manera, con menos mujeres en posiciones
de poder, sus intereses y necesidades
especícas pueden quedar desatendidas
en las agendas políticas y legislativas.
A su vez, el debilitamiento de las
instituciones democráticas, originado
por desconanza en el sistema político,
ocasiona que la violencia política de
género genere desconanza en las
instituciones y procesos democráticos,
especialmente si las víctimas no reciben
justicia o apoyo adecuado. La falta de
sanciones efectivas para los perpetradores
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
90
de violencia contra las mujeres en la
esfera política contribuye a una cultura
de impunidad, socavando el Estado
de derecho y la credibilidad de las
instituciones democráticas.
De igual manera, el impacto negativo
en la participación ciudadana genera la
percepción de un entorno político hostil y
peligroso que no solo puede desalentar a
las mujeres, sino también a la ciudadanía
en general, a participar activamente en
los procesos democráticos. La exclusión y
violencia contra las mujeres disminuyen
el pluralismo y la diversidad en la política,
limitando el debate democrático y la
inclusión de diferentes perspectivas.
En ese sentido, las instituciones y los
partidos políticos tienen un papel crucial
en la prevención y respuesta a la violencia
política de género en la región sureste
de México, aunque su efectividad y
compromiso varían considerablemente.
Aquí se describen algunas de las acciones
y roles clave que han desempeñado las
instituciones gubernamentales, los partidos
políticos, y sus desafíos y limitaciones.
El INE y los organismos locales han
implementado normativas y mecanismos
para prevenir y sancionar la violencia
contra las mujeres en el quehacer político.
Esto incluye la creación de protocolos de
atención y la obligación de los partidos
políticos de garantizar la paridad de
género en sus candidaturas. Además, han
llevado a cabo programas de capacitación
y campañas de sensibilización dirigidas a
funcionarios electorales, candidatos y la
ciudadanía en general sobre la violencia
política de género y la importancia de la
igualdad de género en la política.
El Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) ha trabajado en la
formulación y promoción de políticas
públicas para prevenir la violencia
política de género y respaldar a las
mujeres que participan en la política.
Este también provee apoyo y asesoría a
mujeres políticas que enfrentan violencia;
así como recursos y herramientas para
denunciar y enfrentar esta problemática.
Las scalías especializadas, en delitos
electorales y violencia de género, son
las encargadas de investigar y sancionar
los casos de violencia política de
género, mediante la implementación de
protocolos especícos para la atención de
denuncias de violencia contra las mujeres
en la esfera política, garantizando una
respuesta adecuada y efectiva.
Asimismo, los partidos políticos han
adoptado normativas internas para prevenir
y sancionar la violencia política de género,
incluyendo mecanismos de denuncia y
protocolos de actuación. Adicionalmente,
existen compromisos públicos de los
partidos políticos para promover la igualdad
de género y condenar este tipo de violencia
generando una cultura de cero tolerancias
en estos casos; así como la implementación
de programas de formación y sensibilización
para militantes y candidatos sobre la
importancia de la igualdad de género
y la prevención de la violencia política
de género. De igual forma, el diseño y
ejecución de campañas internas y externas
para concienciar sobre este tipo de violencia
y promover la participación igualitaria de
las mujeres en la política.
Cabe señalar que los partidos han
establecido unidades o comités de
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
91
apoyo para acompañar a las mujeres que
enfrentan violencia política, ofreciendo
asesoría legal y psicológica; además
de impulsar iniciativas para propiciar
y fortalecer el liderazgo de las mujeres
dentro de los partidos políticos,
facilitando su acceso a candidaturas y
puestos de toma de decisión.
A pesar de las normativas y compromisos,
su implementación efectiva y consistente
sigue siendo un desafío. En muchos casos,
las sanciones no se aplican adecuadamente
y las víctimas no reciben el apoyo necesario.
Persisten resistencias dentro de los partidos
políticos y las instituciones, donde las
normas patriarcales y la discriminación
de género obstaculizan los esfuerzos de
prevención y respuesta.
Cabe mencionar que las scalías y
organismos encargados de atender la
violencia política de género, a menudo,
carecen de los recursos y capacidades
necesarias para enfrentar la magnitud del
problema. La falta de coordinación entre
las distintas instituciones y organismos
diculta la atención integral y efectiva de
los casos de violencia contra las mujeres
en el ámbito político.
No obstante, durante el proceso electoral
de 2024 en México, la violencia política
cobró la vida de varias candidatas en el
sur del país. Aunque los números exactos
varían entre reportes, se destaca que fueron
asesinadas como resultado de la violencia
ligada al proceso electoral, principalmente,
por la inuencia del crimen organizado;
ejemplo de ello es el asesinato de Lucero
López Maza, candidata a la presidencia
municipal de La Concordia, Chiapas,
por el Partido Popular Chiapaneco, el 16
de mayo del 2024, en un enfrentamiento
armado, mientras realizaba un evento
de campaña. Además de ella, en ese
encuentro la Fiscalía General del Estado
de Chiapas (FGE) informó que otras cinco
personas perdieron la vida, entre ellas dos
menores de edad.
Aunado a lo anterior, el Observatorio
de Participación y Empoderamiento
Político de las Mujeres en Chiapas armó,
en mayo de 2024, que al menos 280
candidatas a puestos de elección popular
habían renunciado en esta entidad. Sin
mencionar las causas ni los cargos, lo
que resultaba preocupante no solo por la
cantidad de renuncias presentadas, sino
porque las mujeres seguían dimitiendo a
candidaturas (Henríquez, 2024).
Fundamentación jurídica de las posiciones sostenidas
1. Marco constitucional:
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone en su artículo
1º el principio pro persona y la prohibición
de toda forma de discriminación, así como
la obligación del Estado de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos. El artículo 2º reconoce el
derecho de los pueblos y comunidades
indígenas a la libre determinación y
participación política en condiciones
de igualdad. El artículo 41 establece la
paridad de género en candidaturas a cargos
de elección popular, lo cual fundamenta
el deber estatal de erradicar la violencia
política de género, especialmente contra
mujeres indígenas.
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
92
2. Normativa internacional:
México es parte de tratados internacionales
que obligan al Estado a prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres.
Destacan:
- Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
-Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)
- Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas (2007).
3. Legislación nacional:
- Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia: reconoce
la violencia política de género y
establece medidas de protección.
- Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, artículo 442
Bis: establece sanciones contra actos de
violencia política en razón de género.
- Códigos penales estatales: tipican
delitos de violencia política de género,
con agravantes cuando las víctimas son
mujeres indígenas.
4. Jurisprudencia y criterios judiciales:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ha establecido que la
violencia política puede ser simbólica,
verbal, institucional, digital, etc. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ha ordenado interpretar los
derechos indígenas conforme al bloque
de constitucionalidad, considerando el
enfoque intercultural y el principio pro
persona (Jurisprudencia 31/2003).
5. Enfoque intercultural y pluralismo
jurídico:
El pluralismo jurídico, como lo plantea
Boaventura de Sousa Santos, reconoce
la coexistencia de normas comunitarias
con el derecho estatal. Esta visión ha sido
respaldada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, especialmente en casos
relacionados con los derechos políticos y de
participación de pueblos indígenas.
Conclusiones
La violencia política de género en México es
un obstáculo signicativo para la equidad
y la justicia social. Abordarla desde un
enfoque de género e interculturalidad
es esencial para entender sus múltiples
dimensiones y diseñar estrategias efectivas
para su erradicación. Solo a través de un
compromiso genuino con la igualdad y el
respeto a la diversidad cultural se puede
avanzar hacia una participación política
más inclusiva y equitativa para todas las
mujeres en México.
La violencia política de género en la
región sureste de México durante el
proceso electoral de 2024, se manifestó
de diversas maneras dentro de los partidos
políticos, afectando la participación y el
desempeño de las mujeres en la política.
La intimidación, difamación, exclusión,
REVISTA ESPECIALIZADA
JUSTICIA ELECTORAL Y DEMOCRACIA
Número 9 Año 8 Julio 2025 e- ISSN: 2960-8155
93
acoso y control fueron algunas de las
tácticas utilizadas para obstaculizar
su participación. Es crucial continuar
trabajando en la implementación de
políticas y estrategias que promuevan un
entorno político seguro e inclusivo para
todas las mujeres.
Los factores culturales y étnicos en la
región sureste de México inuyen de
manera profunda en la manifestación
de la violencia política de género. En
el contexto de las elecciones de 2024,
comprender y abordar estas dinámicas es
esencial para fomentar un entorno político
inclusivo y conable.
Las estrategias de resistencia y
enfrentamiento a la violencia contra las
mujeres en la vida política en el sureste
de México son diversas y adaptadas
al contexto intercultural de la región.
Estas estrategias, que combinan la
organización comunitaria, la educación,
el uso de tecnologías, la acción legal y la
visibilización pública, están empoderando
a las mujeres y fomentando un cambio
hacia una participación política más
inclusiva y segura.
Las instituciones y partidos políticos
han jugado un papel importante en la
prevención y respuesta a la violencia
política de género en el sureste de México,
implementando normativas, protocolos y
programas de sensibilización; sin embargo,
la efectividad de estas acciones varía y
enfrenta grandes desafíos, incluyendo su
implementación consistente, la resistencia
interna y la falta de recursos. Es crucial
continuar fortaleciendo estos esfuerzos
y fomentar una cultura de igualdad
de género y cero tolerancias hacia la
violencia contra las mujeres en la esfera
política.
La violencia política de género en el sureste
de México tiene consecuencias graves en
la participación política de las mujeres, ya
que se traduce en desincentivo, reducción
de oportunidades y un impacto negativo
en la calidad del liderazgo femenino. Para
la democracia, contribuye a la erosión de
la representatividad, el debilitamiento de
las instituciones democráticas y ocasiona
un impacto negativo en la participación
ciudadana. Abordar y erradicar este tipo
de violencia es crucial para construir una
democracia más equitativa, inclusiva y
representativa.
Con estos antecedentes, se remarca
la importancia del diseño de políticas
públicas enfocadas en la atención a
la violencia política de género, de allí
la importancia de elaborar protocolos
que constituyan herramientas clave
para construir una sociedad más justa,
equitativa y democrática, en la que las
mujeres puedan participar plenamente en
la vida política sin temor a represalias o
discriminación.
Violencia política de género en el proceso electoral 2024 en el sureste de México.
Una aproximación intercultural
Manuel Ocampo Muñoa
94
Referencias Bibliográcas:
Castillo, R. (2022). Doble discriminación: Género y etnicidad en la política mexicana. Estudios
Interculturales, 22, pp. 134 -150.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2023). La violencia política contra las mujeres en
México. CNDH.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. 05 de febrero de 1917 (México). Última
reforma publicada el 06 de marzo de 2024. Diario Ocial de la Federación.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007, 01 de febrero). Diario Ocial
de la Federación. Última reforma publicada el 06 de marzo de 2024.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (2014, 23 de mayo). Diario Ocial de la
Federación. Última reforma publicada el 06 de marzo de 2024.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2023). Infografía: Población indígena en México. Características
sociodemográcas 2020. CONAPO.
Gómez, P. (2024). El papel de las redes sociales en la violencia política de género. Revista Mexicana de
Ciencias Políticas, 32, pp. 99-115.
Henríquez, E. (2024, mayo 19). Renuncian 280 candidatas a puestos de elección popular en Chiapas. La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/05/19/estados/renuncian-280-candidatas-a-puestos-
de-eleccion-popular-en-chiapas-9727
Hernández, E. (2024). Interculturalidad y derechos políticos: El caso de las mujeres indígenas en México.
Revista de Derechos Humanos, 28, pp.56 -73.
Instituto Nacional Electoral (INE). (2024). Informe sobre la violencia política de género en México: Proceso
electoral 2024. INE. https://centralelectoral.ine.mx/2024/03/27/advierte-ine-incremento-de-denuncias-de-
violencia-politica-contra-la-mujer-en-razon-de-genero/
López, J. (2019). Género y política: Una mirada crítica. Universidad Nacional Autónoma de México.
Martínez, A. (2020). Violencia política de género: Conceptos y manifestaciones. Editorial Política.
Ocampo Muñoa, M. G. (2023). La construcción del Derecho desde la interculturalidad y el pluralismo
jurídico en México.
Santos, B. de S. (2009). Una epistemología del Sur: La reinvención del conocimiento y la emancipación
social. Siglo XXI Editores.
Torres, C. (2022). El control y la manipulación de las mujeres políticas en México. Estudios Interculturales,
29, pp.75-92.
Vázquez, A. (2023). Violencia política de género: Un obstáculo para la democracia en México. Instituto
Nacional de Estudios Políticos.
Vidal, F. (2013). La descentralización de los procesos de selección de candidatos en los partidos y su
impacto en la nominación de mujeres en los congresos estatales de México. Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales. Vol. 217, núm. 1. México, FCPYS-UNAM, pp. 171-196.
Vázquez, A. (2022). Género e interculturalidad: Hacia una política inclusiva. Fondo de Cultura Económica.
